dimarts, 1 de setembre de 2009

Una macroempresa catalana construirá la prisión de Mas d’Enric

La nueva prisión que se construirá en el término de El Catllar

DIARI DE TARRAGONA 04/Agosto/2009 (ANGEL JUANPERE).- Una macroempresa de capital catalán, cuya fusión se hizo efectiva la semana pasada, se encargará de la construcción y también conservación de la futura prisión de Mas d’Enric, situada en el término municipal de El Catllar. Dicho centro penitenciario tendrá que sustituir al actual, situado en Tarragona, y que tiene más de medio siglo de historia. La empresa adjudicataria de la obra es Comsa Emte, que presentó una oferta de 106,31 millones, por debajo de los 113, que era el precio con el que salió a concurso. La adjudicación la hizo a finales de la semana pasada la empresa pública Gestió d’Infraestructures (GISA).

Cuatro empresas se presentación para la construcción de dicho centro penitenciario. Además de la que resultó de la fusión de Comsa y Emte, estaban Isolux Corsán, el grupo OHL y una UTE –formada por FCC, Copisa y Proinosa–. Esta última fue excluida por motivos técnicos.

Para financiar esta obra, el Govern de la Generalitat lo hizo a través de lo que se denomina derecho de superficie. Consiste en que la empresa adjudicataria haga frente a la inversión del proyecto, mientras que la Generalitat paga un canon anual por usar sus instalaciones. Dicho pago se tendrá que efectuar durante 32 años.

29 MESES DE OBRAS

La empresa adjudicataria tendrá un plazo de 29 meses para ejecutarlas. La construcción podría comenzar durante el segundo semestre de este año. El centro funcionará a finales de 2011. La prisión dispondrá de 750 plazas (650 para hombres, 50 para jóvenes y 50 para mujeres). La instalación, que se levantará en terrenos próximos a la AP-7.

La nueva prisión que tiene que construirse en la zona de Mas Enric en sustitución de la actual prisión de Tarragona, que cuenta con una capacidad para 300 internos pero que normalmente se encuentra por encima de su capacidad, está totalmente colapsada, y no cuenta ni con las instalaciones ni los servicios que desde Justícia se consideran básicos para ofrecer a los presos las posibilidades de formación, rehabilitación y reinserción en la sociedad que se le suponen a una institución penitenciaria.